Vivimos, trabajamos en el denominado entorno VUCA, término surgido al término de la Guerra Fría y modelado en la década de los noventa por el US Army War College. Ha sido asumido como fundamento conceptual de numerosas asignaturas relacionadas con la planificación estratégica por las escuelas de negocio más prestigiosas.
VUCA, acrónimo, en inglés, de los vocablos Volatility (volatilidad), Uncertainty (incertidumbre), Complexity (complejidad) y Ambiguity (ambigüedad), se ha convertido en un paradigma para estudiar, comprender y predecir la realidad y en un método de estudio del comportamiento de los equipos y sus integrantes para analizar fallos de actuación y proponer soluciones.
El escenario VUCA obliga a las organizaciones a adaptarse a los imprevistos cambios que dificultan y obstaculizan la planificación y la gestión, obligando a resolver las transformaciones de las necesidades de los ciudadanos con eficiencia y productividad.
Cada uno de los 4 componentes del VUCA desempeñan un rol, que en el sector público se combaten realizando estas tareas:
• difundir, afianzar la visión y la misión del organismo y lograr que los trabajadores las asuman. Esto ofrece un cuaderno de bitácora o para paliar la volatilidad.
• gestionar el conocimiento de los empleados para mitigar la incertidumbre derivada del inmovilismo de jefes que están trabajando “en funciones”.
• definir y actualizar procedimientos de gestión claros y adaptables paran afrontar la complejidad: ante lo complicado, sencillez, orden, método.
• gestionar el talento para solucionar la ambigüedad: saber discernir en todo momento la verdadera dificultad a la que se enfrenta un empleado y decidir qué herramienta emplear para abordarla. Así desaparece la confusión propia de lo ambiguo.
Usar estas cuatro herramientas dota a las organizaciones públicas de la característica imprescindible para acometer su misión en los tiempos VUCA: la agilidad, entendida como la habilidad para anticiparse a la transformación constante del entorno respondiendo con modos de hacer propios que satisfagan las expectativas y necesidades de la ciudadanía.
En definitiva, saber adaptarse, trabajar eficientemente e innovar globalmente (todos los trabajadores, en todas las actividades y todos los procesos).
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL ENTORNO VUCA
No hay sector con mayor protagonismo en el nuevo paradigma que éste.
Y ello porque, por un lado, ha de afrontarlo, de sufrirlo como los demás.
Y, sobre todo, porque ha de actuar para que la sociedad lo afronte con garantías. ¿Puede alguien imaginarse un país, una autonomía con leyes y normas volátiles o inciertas? ¿Son aceptables hoy, con el nivel de tecnología existente, procedimientos complejos y ambiguos en cualquier rama de la administración que actúa “de cara al ciudadano”? Evidentemente, no.
Ahora bien, ¿qué precisan las administraciones públicas para “seguir funcionando” a pesar de la parálisis política?.
En principio, como se ha escrito anteriormente, siendo ágil y trabajando ágilmente mediante:
• la adopción de la gestión por procesos para facilitar la adaptación al cambio. Ahora bien, numerosos proyectos de transformación de la administración se han visto detenidos porque “se está a la espera de lo que suceda” o porque los mandos prefieren aguardar “que decida el siguiente”.
• la actualización continua de los conocimientos de los empleados públicos con programas de formación que garanticen la capacidad de respuesta en tiempo real a las solicitudes/inquietudes/necesidades de la ciudadanía para alcanzar cierto grado de polivalencia, elemento fundamental en la gestión de personas en el sector.
La realidad es que iniciativas para la renovación de las políticas de recursos humanos han quedado detenidos, a la espera de que los nuevos responsables decidan, por ejemplo, abordar la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento o la Diputación.
Es decir, la función pública se ha visto afectada relevantemente por la situación política que se vive. Un poder ejecutivo ejerciendo “en funciones” constituye un fenómeno plenamente VUCA. ¿Qué situación más volátil, incierta, compleja y ambigua puede vivir la administración pública que esa?
Ahora bien, la mayoría de las instituciones prosiguen su curso de funcionamiento “habitual”.
EL “PARÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE EMPLEO”, ¿LEYENDA URBANA?
En la calle los ciudadanos se cuestionan, ¿qué pasará con la ley de….?; ¿hay alguien “al timón”, que tenga claro qué hacer para que su servicio, su negociado, su departamento funcione en esta situación?; ¿se han paralizado las convocatorias de empleo público?
Estas preguntas preocupan, sobre todo la última. Ahora bien, a pesar de la situación, los procesos se han desarrollado con normalidad.
En febrero de 2018 Meritxell Batet, en aquel momento Ministra de Administraciones Públicas, anunciaba: “El Gobierno hará una gran oferta de empleo público antes de las elecciones”. E indicaba que dicha oferta superaría o igualaría las 30.844 plazas ofertadas el ejercicio anterior.
Realmente esa oferta de empleo público formaba parte del plan de estabilización del empleo público suscrito por Cristóbal Montoro (PP), anterior ministro de Hacienda, con los sindicatos de función pública en 2017, plan que tenía por objetivo reducir la temporalidad del sector público hasta el 8%, frente al 20% existente en aquel momento.
Ahora bien, un proceso de esta naturaleza es largo y…llegaría tras los comicios pero con el mensaje político emitido. Los nervios se dispararon.
El 28 de abril del 2019, elecciones generales, miles de opositores se preguntaban si las convocatorias aún pendientes se verían afectadas por los resultados electorales. Y no fue así.
Numerosos expertos vaticinaron que las convocatorias de empleo público no solo no se verían afectadas negativamente, sino que se verían impulsadas por:
• hechos: las plazas pendientes de convocar correspondían a oferta de empleo público de 2018 (2017 en el caso de Justicia),
• vaticinios: el Gobierno acelerará los procesos ante las próximas elecciones, para transmitir que “apuesta por el empleo público” (las plazas ya estaban aprobadas, pero la memoria colectiva recuerda al firmante de la convocatoria),
• realidades procedimentales: la actividad que quedaba pendiente (la convocatoria formal de las plazas) es un trámite una vez que la oferta de empleo público y los presupuestos que las sustentan han sido aprobados (ya lo habían sido).
Por tanto, no se trataba de política, sino de un proceso sólidamente configurado y en ejecución por distintos Ministerios. Siguiendo esta realidad, incluso un gobierno “en funciones” tras las elecciones podría publicar las convocatorias.
Hoy, en cualquier caso, se estima una oferta de empleo público de 250.000 plazas hasta 2021, incluidas las promociones de interinos. Es decir, como la película de Fellini, “Y la nave va”.
CONCLUSIÓN
2019 ha sido (y será) un año repleto de procesos de oposición, de aquellos cuyas plazas hayan sido publicadas, cumpliendo el procedimiento: Hacienda, Administración y Justicia, Educación, Fuerzas y Seguridad del Estado, Sanidad, Correos, Mossos d´Esquadra...
Hoy, el plan para estabilizar el empleo en la Administración General del Estado prosigue su curso inicial y, además, en otoño hay convocadas numerosas oposiciones, muchas a nivel autonómico.
Aunque los agentes sociales perciben demoras en el Plan, administraciones de todo tipo (por ejemplo Autoridades Portuarias) están convocando y cerrando procesos con plena normalidad.
En definitiva, los trabajadores del sector público siguen desarrollando sus funciones, a pesar de la incertidumbre reinante, aplicando los principios legales establecidos, adaptándose al entorno VUCA, impulsados a trabajar ágilmente.
Para que la Administración Pública prosiga cumpliendo su misión ha de aplicar los modelos de gestión de personas antes citados que han demostrado su validez en momentos tan volátiles, inciertos, complejos y ambiguos como los que se viven con un gobierno en funciones.
Con independencia de que la situación incite al parón, a la espera, todos los trabajadores públicos están realizando su trabajo y lo seguirán haciendo.
Y ello a pesar de que los imprescindibles procesos de renovación operativa y de la gestión de personas efectivamente se hayan visto detenidos a la espera de la vuelta a la normalidad.