Aunque volvamos a insistir, la insistencia en prevención de riesgos laborales en general y en prevención de los riesgos psicosociales nunca será ociosa, nunca será redundante.
Encontramos supuestos de hecho, más recurrentes de lo que pueda parecer en casos iguales, o al menos semejantes, al que sigue: una trabajadora (1) en situación de Incapacidad Temporal (con un periodo de duración cercano al máximo), por un cuadro depresivo grave acompañado de ansiedad generalizada, que estaba en relación con una situación de alta conflictividad en su puesto laboral, fue acosada por parte del órgano de dirección, por lo que dicha trabajadora, continuamente, tuvo episodios de salud mental, todos ellos en relación con la situación laboral, no apreciándose mejoría clínica con el transcurso del tiempo ni con los tratamientos ensayados, relatando ideas recurrentes de muerte y no encontrando sentido a su vida.
La trabajadora, pese a la negativa inicial, consiguió una declaración judicial de que la contingencia de su incapacidad temporal era derivada de accidente de trabajo.
Del correspondiente examen de salud específico que la interesada hubo de mostrar en la sede pertinente, se consideró acreditada la existencia de relación causal entre el proceso de incapacidad temporal iniciado por la trabajadora que culminó con la declaración de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
Tras ello, la trabajadora interpuso demanda, en la que ejerció, además, la acción de reclamación de responsabilidad derivada de los daños y perjuicios profesionales, físicos, psíquicos y morales, sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, interesando la condena de la empleadora (a la sazón un Servicio Público de Salud -o sea, en casa del herrero cuchillo de palo-).
La demanda se fundamentó en el incumplimiento manifiesto por dicho Servicio Público de Salud de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales (en concreto, en el incumplimiento del artículo 16.2 LPRL, en lo relativo a la evaluación de riesgos psicosociales; y en el artículo 19 de la misma ley, sobre formación específica en función de los riesgos y, por último, en su artículo 22 sobre vigilancia de la salud y concordantes).
Pues bien, debe recordarse que la deuda de seguridad tiene un ámbito mayor que la concurrencia del acoso. Así es, el derecho a la integridad física de las personas, como derecho fundamental, también encuentra su manifestación en la esfera laboral mediante el de la seguridad e higiene en el trabajo, con un alcance constitucional.
Pero para la apreciación de los posibles daños y perjuicios derivados del trabajo en la empresa, se requiere la existencia de la denominada culpa subjetiva, que impone la prueba de la existencia de la omisión a la diligencia debida. Es decir, para tal apreciación se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: daño efectivo y real; dolo, negligencia o morosidad; y, causalidad del daño. Entonces, la reparación del daño responde a los principios contractuales de incumplimiento del contrato. Si este se muestra bilateral y recíproco, la transgresión de sus términos lleva consigo la reparación por la vía de los artículos 1101 y siguientes del Código Civil, para restaurar su equilibrio; y el incumplimiento o infracción de un plan de prevención lleva consigo la indemnización por tal omisión.
Y, como sabemos, la proyección de la configuración actual de la seguridad en el trabajo no es la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino el diseño de una evaluación previa, con una ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva que se correspondan con los riesgos detectados, concurriendo una efectividad en el control de las medidas.
RESPONSABILIDADES PROBADAS
Partiendo de la acreditación del origen laboral de la incapacidad, primero temporal y luego absoluta, a la que condujo el conflicto laboral sufrido por la trabajadora demandante, se determinó que hubo un incumplimiento por parte de la entidad empleadora de sus deberes de protección de la salud pues, ya de inicio, se comprobó la inexistencia de evaluación del riesgo psicosocial de la trabajadora y, además, se probó que la institución demandada omitió actualizar cualquier método o mecanismo de prevención del riesgo psicosocial.
A la hora de determinar la causalidad del incumplimiento empresarial sobre el daño del trabajador son valorables distintos factores. Pero entre ellos no está el introducir previsiones hipotéticas o de futuro. La cuestión es la inversa: los riesgos psicosociales se han estudiado y protocolizado de manera que evitan en muchos casos el deterioro de la salud del trabajador. Cuando se agotan en su desarrollo es cuando el empleador queda libre de su responsabilidad, pero si no los articula lo que habrá que presumir es que su omisión ha sido un elemento coadyuvante del perjuicio final; pues lo lógico es pensar que si los hubiese actuado lo hubiese mitigado, soslayado o reducido.
En definitiva, la trabajadora obtuvo una importante compensación económica por daños y perjuicios morales, pero que, en cualquier caso, no compensan el importantísimo deterioro en salud consecuencia del acoso sufrido, porque los daños morales fueron palmarios y significaron un calvario de una interminable baja y unas penosas limitaciones para la vida individual, familiar y social, como son la ansiedad o las depresiones.
CONCLUSIÓN
La insistencia en prevención de riesgos laborales en general y en prevención de los riesgos psicosociales nunca será ociosa, nunca será redundante.
Los riesgos psicosociales se han estudiado y protocolizado de manera que evitan en muchos casos el deterioro de la salud del trabajador. Cuando se agotan en su desarrollo es cuando el empleador queda libre de su responsabilidad, pero si no los articula lo que habrá que presumir es que su omisión ha sido un elemento coadyuvante del perjuicio final; pues lo lógico es pensar que si los hubiese actuado lo hubiese mitigado, soslayado o reducido.
Pero obtener una indemnización, aunque sea importante, por daños y perjuicios no compensa el deterioro en salud consecuencia del acoso sufrido, a lo que hay que añadir el calvario añadido del proceso judicial que hay que entablar para conseguirlo.