Enrique Campomanes Calleja
Experto en Ethics & Compliance
Hace un tiempo leí una frase escrita en una pared: «Menos políticos y más gestores». Me hizo reflexionar.
¿Quería decir que habría que dejar la política en manos de los gestores? O se refería a que los políticos fueran personas preparadas profesionalmente en la dirección de los funcionarios. O simplemente que la vida política fuera ejecutada por expertos gestores.
Esta idea ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en el ámbito social para designar el gobierno de los mejores, o dicho de otra forma de las élites más preparadas, en definitiva de la forma de gobierno denominada «aristocracia» que es el gobierno de unos pocos.
Pienso que la solución del problema expresado en la frase escrita en el muro no consiste en determinar qué porcentajes de políticos y gestores deben existir entre nuestros representantes. Ni desde luego si debemos elegir uno u otro perfil. Más bien creo que necesitamos ambos perfiles según sean las funciones que vayan a realizar.
El gran fracaso de la democracia liberal es que cada vez necesita más gestores y menos políticos. Sin apenas conocimientos y habilidades de gestión pública, en demasiadas ocasiones, se colocan al frente de un Ministerio, secretaría de Estado o presidencia de empresa pública a personas cuyo rasgo más importante es haber demostrado fidelidad al partido y lealtad al colocador. Este inmenso riesgo deriva en incontables errores y despilfarros cuantiosos, con demasiados ejemplos en España de sobra conocidos, por incapacidad, codicia o megalomanía.
También está condenado al fracaso el experto gestor de empresa privada que se mete a político para gestionar el bien público con herramientas válidas en el sector privado pero poco eficiente en el mundo público. La dependencia del partido, la coordinación ministerial y el específico escenario que tiene que gestionar son algunos de los obstáculos que se hacen montañas cuando la lógica y las reglas para ejecutarlo son de un tipo de escenario económico muy diferente al que habitual se ha enfrentado. El lucimiento, la inexperiencia política y el estricto control partidista llevan también a la frustración y el desánimo.
Además los resultados conseguidos se miden con una escala muy distinta a la utilizada en el mundo de las economías de mercado, ya que tienen que pivotar entre el beneficio económico y el social. Es difícil mantener la visión profesional cuando el escenario, las reglas de juego y la evaluación de resultados son tan diferentes en la esfera privada y en la pública. No es lo mismo buscar beneficios económicos que sociales.
Tímidamente se empiezan a acercarse esos dos enfoques. La empresa se empieza a dar cuenta que está inmersa en la sociedad y quiere integrarse con ella. La RSC no es sino un paso importante para visibilizar y concienciarse que debe generar beneficios en forma de cuidar el medio ambiente, proteger a las personas que conforman sus stakeholders y apoyar proyectos sociales.
El sector público se da cuenta que la eficiencia dignifica más el trabajo y permite generar beneficios tangibles que pueden revertir en otros entornos públicos. La rentabilidad no es tan mala y permite además valorar los procesos más útiles que suelen quedar sepultados en el mundo intangible donde no puede llegar la medición de los resultados conseguidos.
Hay que sacar a las empresas de su aislamiento para que sean parte activa y comprometida de la sociedad. Hay que sacar al sector público de su ensimismamiento para que compartan recursos y nuevas herramientas del sector privado que permitan aumentar la productividad y la eficiencia.
Hay que llegar a un punto de encuentro entre ambas maquinarias donde todos los beneficios económicos, sociales y medioambientales se tengan en cuenta. Hay que acercar las posiciones tan dispares que aíslan al sector privado y al público.
Al revés que las empresas el problema que tienen los partidos políticos es que no han declarado los beneficios tangibles en formato transparencia y rendición de cuentas.
De tal forma que se puedan hacer compatibles los beneficios económicos con los beneficios sociales. Saber imaginar los beneficios tangibles con los beneficios intangibles que solo se pueden valorar con variables no numéricas.
En este sentido las organizaciones empresariales ya hace tiempo que lo están incorporando a sus directivos y a sus procesos. Ellos lo llaman capital reputacional, imagen de marca o mejora de visibilidad.
Se han dado cuenta cuando la calidad de sus beneficios se ha vuelto más inestable, menos recurrente. Y como entidad que vive en la vida real han reaccionado rápidamente diseñando el dogma de la RSC. La empresa no vive aislada y por eso debe compartir con la sociedad, en formato stakeholder, sus beneficios al igual que ella disfruta de todos los mecanismos que la sociedad pone a su disposición de una forma generosa.
Los partidos políticos todavía viven en otra dimensión alejada de la sociedad que dicen representar y por eso todavía no se han dado cuenta que deben compartir con ella los procesos, los medios y los resultados exactos de sus actuaciones con dinero público. Al revés que las empresas el problema que tienen los partidos políticos es que no han declarado los beneficios tangibles en formato transparencia y rendición de cuentas.
Mientras tanto el escenario político se ha vuelto frágil e inestable y el ciclo vital de los partidos desde el nacimiento hasta su final es cada vez más corto. Hasta que finalmente empiecen a aterrizar en la realidad y se den cuenta que la sociedad ya está instalada en otra cultura.