El pasado 29 de abril, un día después de las Elecciones generales, el Gobierno central quedó en funciones a la espera de la conformación de una mayoría parlamentaria sólida en las Cortes. Desde entonces, han pasado más de 130 días, e incluso ha habido un intento de investidura (la del 25 de julio) pero España continúa sin tener un ejecutivo plenamente operativo. Más allá de la aparente incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo, ¿cómo está afectando esta situación de provisionalidad a los casi 2,5 millones de empleados públicos que trabajan, hoy en día, en el conjunto de las administraciones?, ¿en qué se traduce, en la práctica, la falta de acuerdo político?
En realidad, el poder ejecutivo no ha dejado de funcionar en ningún momento. Continúa habiendo reuniones de ministros y se están tomando decisiones ordinarias. Simplemente, no está a pleno rendimiento. Y es que, tal y como establece la Ley 50/97 del Gobierno, el ejecutivo en funciones no puede presentar a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ni promover ningún tipo de iniciativa legislativa. Tampoco le está permitido adoptar acuerdos que puedan comprometer el programa político del siguiente gabinete, salvo que se trate de casos de extrema urgencia. Es decir, cuando haya peligro de que se produzca un perjuicio grave si no se actúa.
NAVEGANDO A LA DERIVA
Jordi Solé, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), utiliza el símil del barco sin timonel para describir la situación: "estamos trabajando con cierta normalidad en lo que afecta al ciudadano de a pie: expedientes administrativos, tramitación multas, impuestos, etc. Pero cuanto más subimos en el escalafón y más nos acercamos al Gobierno se hace más evidente que no se están tomando decisiones y que nos movemos por inercia, como un transatlántico sin patrón. No pasa nada. Nos lo podemos permitir durante un tiempo, pero va a llegar un momento en el que será insostenible seguir sin una persona al mando". Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos del sindicato USO, corrobora que las decisiones importantes se acumulan y pone el foco en los puestos de designación política. "Nadie quiere mojarse y todo es provisional. Cualquier propuesta que conlleve una serie de gastos se pospone porque no se pueden realizar", asegura.
EL PROBLEMA DE LA TEMPORALIDAD
La parálisis en las altas esferas de la Administración central está teniendo también serias repercusiones en la financiación de las autonomías por el bloqueo de 7.500 millones de euros en concepto de anticipos a cuenta de los tributos cedidos. Varias comunidades han anunciado ya recortes si no se liberan los fondos en los próximos meses e incluso la Generalitat de Cataluña ha decidido llevar al Estado ante los tribunales.
USO denuncia que los primeros perjudicados por esta sequía financiera son ciudadanos y los empleados eventuales de la Administración. Según datos que maneja el sindicato, en el conjunto de las administraciones hay alrededor de 300.000 puestos temporales. Una cifra que, según Luis Deleito, está lejos de descender en el actual contexto político. "Al no aprobarse nuevas plazas, las vacantes [por jubilaciones y bajas por enfermedad] se están cubriendo con contratos de interinidad. Esta práctica crea un doble problema: por un lado, no se atienden las necesidades reales de los usuarios y, por otro, se precariza al sector público".
Deleito señala que hay interinos que llegan a encadenar hasta 20 contratos en un mes con el estrés y el malestar que supone esa inseguridad laboral. Al final, dice, la única manera que encuentran para ver reconocidos sus derechos es recurrir a la vía contencioso-administrativa, "donde los procedimientos duran un mínimo de 5 años".
La batalla judicial de los interinos ha llegado hasta el Tribunal de Justicia Europea (TJUE). Esperan que el máximo órgano judicial comunitario reconozca la discriminación que han sufrido respecto al resto de compañeros y los convierta automáticamente en funcionarios de carrera. La sentencia definitiva se espera para el próximo mes de octubre.
LA INCERTIDUMBRE DE LOS OPOSITORES
En 2017, el Gobierno pactó con las CCAA, los ayuntamientos y los sindicatos crear 250.000 plazas de funcionarios en tres años, con el objetivo de reducir la temporalidad del sector público hasta situarla en el 8%. La noticia llevó a miles de personas a apostar por las oposiciones como forma de acceder al mercado laboral. Muchas de ellas miran ahora con preocupación cómo se dilata la formación de Gobierno y se preguntan qué va a pasar con los exámenes que llevan meses preparando.
Técnicamente, las variaciones que se producen en el escenario político no afectan a los procesos selectivos que se aprobaron en legislaturas anteriores. La razón es que este tipo de convocatorias están sujetas a un desarrollo reglamentario que entra dentro de las competencias normales de un gobierno en funciones. No obstante, Luis Deleito denuncia que "se están registrando bastantes retrasos en las oposiciones convocadas en 2019 a diferencia de las aprobadas el año pasado que sí están saliendo adelante".
El representante sindical de USO pide al próximo gobierno abordar de forma prioritaria las necesidades de personal en las instituciones públicas, convocando un concurso extraordinario de méritos que haga fijas, al menos, 300.000 plazas de interinidad. El presidente de Fedeca, por su parte, asegura que las oposiciones son el sistema "menos malo" dentro de las opciones existentes, aunque aboga por introducir medidas que dinamicen el proceso de convocatoria y la prueba en sí. "Las plantillas están envejecidas y alguien tiene que poner solución a este problema", concluye Jordi Solé.
CUENTA ATRÁS PARA UNA NUEVA CITA ELECTORAL
Después de casi 4 meses de negociaciones infructuosas para formar gobierno, el tiempo se acaba. La segunda quincena de septiembre comienza con una nueva ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela. Si el martes 17, Felipe VI no designa ningún candidato que concite los suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados, la convocatoria de elecciones estará prácticamente asegurada. Serían los cuartos comicios generales en menos de dos años. Si llegan a celebrarse, el actual ejecutivo provisional podría continuar en La Moncloa al menos hasta principios de año. Aun así, todavía estaría lejos de batir el récord del penúltimo gobierno en funciones, que duró del 21 de diciembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.