Felipe Manzano Sanz
Abogado. [Bouza-Manzano Abogados]
Permítaseme decir, en aparente juego de palabras, que sobre el asunto y el concepto de «trabajadores especialmente sensibles» me aflora la sensibilidad más acendrada; porque el hecho mismo de que haya personas que en su ámbito laboral lo sean a determinados riesgos no suele ser ni significar más comprensión hacia los mismos, sino antes al contrario, una incomprensión que les sitúa en soportar más riesgo o sea, además de serlo, sufrirlo doblemente, por activa y por pasiva (y aquí cabría un típico refrán español, que no transcribiré pero que hace referencia al apaleo además de a la condición de depositario de carga excesiva).
En términos legales encontramos (afortunadamente) el concepto en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), el cual a su vez, se basa, pero ampliando el concepto y la protección, en el artículo 15 de la Directiva 89/391 CEE, (la famosa Directiva «Marco»); artículo del acervo europeo que decía (en esa terminología una tanto confusa entre peligro y riesgo que ya hemos puesto de manifiesto y criticado en otras ocasiones) que «Los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica»; además, nótese que la normativa originaria europea se refiere a «grupos», no a individuos (trabajadores), como sí hace nuestra LPRL.
Así, dicho artículo 25, que consta de dos apartados, pero que sólo nos vamos a referir analíticamente al primero de ellos (1) (pues el segundo merece otro análisis concreto), especifica y determina que «El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias», añadiendo que «Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo».
Nótese que, dije, afortunadamente, pues la legislación española prevé ampliamente este supuesto, como acabamos de transcribir; pero nótese, también, que alude muy específicamente a las características personales (previas); es decir, a las que no dependen de la capacidad de adaptación de los trabajadores, sino por decirlo así, a los que perciben de manera más acusada el factor de riesgo determinante (aunque para otros no sea así, como es el típico caso del ruido —contaminante al que también he hecho alusión más de una vez en estas páginas de Capital Humano—, y sobre el que no todos tenemos la misma percepción aunque no se superen los límites acústicos reglamentariamente establecidos, precisamente, por las características previas de cada persona). Igualmente, hay que tener en cuenta el previo estado biológico, de la persona trabajadora que no tiene porqué ser inferior a otra en cuanto a su rendimiento laboral, sino que, simple pero necesariamente, ha de estar más protegida.
Ahora bien, el precepto también alude a discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida; una persona ciega puede evidentemente trabajar en multitud de campos pero esa discapacidad requiere una protección intensificada en los riesgos que, no habiéndose podido evitar, se hayan evaluado y deban articularse medidas de protección y prevención y que afectan a todos los que estén el mismo centro de trabajo, puesto o función que la persona trabajadora sin visión.
Pero no debe llevarse a la confusión de que, la especial sensibilidad, el estado biológico conocido o la discapacidad reconocida, implique lo mismo. Sólo implican un reforzamiento de la protección y, como dice el precepto, el empresario deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias. Y, no solamente eso, sino que no se debe emplear a tales personas trabajadoras en aquellos puestos de trabajo en los que, precisamente por esas características, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
Ser especialmente sensible no equivale a ser discapacitado. Son supuestos regulados en el mismo precepto, pero no son idénticas situaciones personales
O sea, y como ha puesto de relieve muy recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ser especialmente sensible no equivale a ser discapacitado. Son supuestos regulados en el mismo precepto, pero no son idénticas situaciones personales. Porque son personas con discapacidad aquellas que «presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.» (2) Y, el Tribunal de Justicia ha considerado que el concepto de «discapacidad», debe entenderse referido a una limitación de la capacidad derivada, en particular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Es decir, tal y como hemos expresado más atrás.
Por ello, no debe identificarse el ser reconocido como trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, que no permite al trabajador desempeñar determinados puestos de trabajo al suponer un riesgo para su propia salud o para otras personas, como el ser portador de una discapacidad en el sentido legalmente definido.
CONCLUSIONES
El concepto de «trabajador especialmente sensible» en materia de prevención de riesgos laborales requiere de una consideración específica además de estar específicamente regulado en la Ley, a saber, ser una característica preexistente (o un estado biológico conocido) de la persona trabajadora que, con respecto, al factor de riesgo latente, hace que haya que ponderar con ella la protección y la prevención a dicho factor de riesgo pues lo percibe más acusadamente que los demás.
Sin embargo, no se debe identificar tal concepto de trabajador especialmente sensible con el portador de una discapacidad; pues, a pesar de estar mencionado, en cuanto a la protección y la prevención, en el mismo precepto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene una singularidad, legal y jurisprudencialmente, perfectamente delimitada.