El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las principales organizaciones sindicales representantes de los funcionarios han firmado un acuerdo para articular la forma de las convocatorias para la estabilización de los empleos temporales públicos recogidos en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019.
En concreto, de las 33.793 plazas aprobadas en la oferta pública de este año, un total de 2.237 correspondían a la estabilización de empleos temporales en el ámbito de la justicia, 489 en educación y 2.528 en la Administración General del Estado. Así, el total de plazas aprobadas para la estabilización de los empleos temporales en la función pública ascendía a 5.254.
Este acuerdo, que debe ser ratificado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, ha sido firmado por parte del Gobierno y por los sindicatos CSIF, CC.OO., UGT y CIG, mientras que ELA no ha rubricado el documento.
El texto resalta que la reducción de la temporalidad es uno de los objetivos prioritarios establecidos en materia de empleo público por parte de las diferentes administraciones públicas, así como una condición necesaria para la prestación de servicios públicos de calidad.
Según explica el documento firmado, los procesos de estabilización, por su propia naturaleza, no supondrán incremento de gasto ni de efectivos. Asimismo, se ha acordado que los procesos selectivos de acceso a la condición de personal funcionario de carrera se realizarán mediante el sistema de concurso-oposición.
Así, un 60% de la puntuación total corresponderá a la fase de oposición, mientras que el 40% procederá de la fase de concurso. El documento señala que la fase de oposición y cada una de las pruebas que la conforman tendrán un carácter eliminatorio y deberán aprobarse cada uno de los ejercicios previstos en las mismas.
Concretamente, la fase de concurso tendrá como finalidad la valoración de los méritos de las personas aspirantes para la determinación de la nota final del proceso selectivo y la parte de oposición se convocará tomando como referencia el proceso de promoción interna que exista para el acceso al cuerpo o escala correspondiente.
El documento señala que se procurará que esta fase se ajuste a los procesos selectivos de ingreso libre con las adaptaciones que resulten necesarias.
Por su parte, en la parte del concurso se establecerán criterios de valoración que tengan en cuenta los servicios prestados en la Administración que convoque el concurso, además de la realización de tareas en los ámbitos funcionales en los que se requiere más especialización.
Los procesos selectivos de personal laboral también se realizarán mediante concurso oposición y el porcentaje será el mismo que en el caso de los procesos selectivos de personal funcionario.
En el caso del personal laboral del ámbito del Convenio único, los procesos selectivos se convocarán conforme a la clasificación recogida en el IV Convenio Único, con criterios similares a los de promoción interna.
De su lado, la convocatoria y resolución de los procesos de estabilización del personal que pertenezca al ámbito de otros convenios colectivos corresponderá al departamento u organismo que formalizó la contratación de este personal laboral.
Por otra parte, la fase de concurso de todos los procesos de acceso a la condición de personal funcionario de carrera consistirá en la valoración de méritos profesionales, que supondrán el 90% de la puntuación de la fase concurso, y de méritos objetivos, que supondrán el 10%.
El acuerdo también señala que las plazas de estabilización que no estén aprobadas en los reales decretos de 2018 y 2019 se publicarán a lo largo de 2020 en un Real Decreto de oferta de empleo público que incorpore estas plazas.
Además, resalta que las plazas objeto de estabilización que no se cobran en una convocatoria se incluirán en convocatorias sucesivas dentro de la misma oferta de empleo público o en posteriores reales decretos.
Por último, se ha constituido una comisión de seguimiento para la interpretación y análisis del contenido de este acuerdo que estará compuesta por dos representantes de las organizaciones sindicales que han firmado el acuerdo y por un número igual de representantes por parte de la Administración.
El acuerdo para la mejora del empleo público, que se suscribió el 29 de marzo de 2017, tenía como objetivo la reducción por debajo del 8% de la tasa de temporalidad del empleo público.
Desde CSIF lamentan que la demora de la articulación del procedimiento para la estabilización del empleo público, algo que achacan a la parálisis política, según han señalado a Europa Press en fuentes del sindicato.
No obstante, el sindicato confía en que se agilice y este acuerdo llegue, "lo más pronto posible", a la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que CSIF volverá a reclamar la subida salarial de los empleados públicos para el próximo año.