La derogación de los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral de 2012 y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 son dos de los primeros retos que deberá afrontar la gallega Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo.
Moncloa ha confirmado este jueves que Díaz será nombrada ministra de Trabajo, pero aún falta por conocer dónde se integrarán las competencias de Seguridad Social, que antes sí estaban en el ámbito competencial del Ministerio de Trabajo.
De ahí que otro de los objetivos del próximo Gobierno (subir las pensiones conforme al IPC) es probable que recaiga en otro Departamento distinto al de Trabajo.
PSOE y Unidas Podemos acordaron en su programa de Gobierno de coalición suprimir los aspectos más agresivos de la reforma laboral del PP y subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
La intención del nuevo Gobierno es convocar la mesa del diálogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno sobre el SMI.
Asimismo, se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica
PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter "urgente" aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También han prometido derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y SIMPLIFICACIÓN DE CONTRATOS
Asimismo, como ya anunció el propio Gobierno, otro de los retos de Díaz será la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. Éstos han advertido de que para negociar este nuevo Estatuto primero debe derogarse la reforma laboral.
En materia de contratación, PSOE y Unidas Podemos han pactado limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, vinculando el descuelgue salarial a causas económicas graves.
El documento de Gobierno de ambas formaciones recoge también el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.