Cristina Sánchez
Directora ejecutiva Red Española del Pacto Mundial
La Agenda 2030 va camino de cumplir 5 años desde que fuera aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015. Esta Agenda, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, se establecieron con un claro propósito: ser la hoja de ruta para que la humanidad consiga un mundo más justo e igualitario. Todo ello bajo el lema «no dejar a nadie atrás».
La Agenda 2030 tiene una vocación inclusiva y busca que todos los agentes sociales, económicos, ciudadanos tengan los recursos necesarios para su desarrollo personal y profesional. Acabar con las inequidades es un principio raíz de la Agenda, el cual tiene diversas ramificaciones, según se atienda la cuestión de fronteras, nivel de desarrollo, nivel de ingresos, género o razas. Por eso, las metas que persiguen eliminar las desigualdades trufan todos los ODS, pero en el caso de nuestras empresas quedan especialmente recogidas en el ODS 10: Reducción de las desigualdades y en el ODS 5: Igualdad de género.
Para alcanzar con éxito estos retos, hay que implicar tanto a las administraciones públicas como el sector privado. En este sentido, las empresas ya están llevando a cabo acciones para la integración de los diferentes colectivos en los equipos de trabajo, como se recoge en la meta 10.2: «de aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición». Según la última publicación «Comunicando el progreso» de la Red Española del Pacto Mundial, el 91% de las empresas del IBEX 35 llevan a cabo políticas de no discriminación y el 51% del conjunto de las empresas españolas adheridas a la iniciativa lleva a cabo medidas para la inclusión de personas con discapacidad.
Estos datos ilustran el esfuerzo del sector privado en la materia, pero también descubren la necesidad de una mayor ambición por el mismo para que estos porcentajes sigan aumentando necesariamente. El objetivo es alto y puede verse como utópico, pero la urgencia de la situación requiere un esfuerzo sin precedentes de todos los actores para luchar contra las desigualdades.
Un ejemplo de que el avance que se está realizando en este sentido no es suficiente lo encontramos en los datos de igualdad de género, el segundo ODS más trabajado por las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial en España. En 2019, la brecha salarial de género a nivel mundial se situaba en el 23% y la tasa de actividad de las mujeres en el 63%, un 31% menos que la de los hombres. Asimismo, si tenemos en cuenta el Informe Global sobre la Brecha de Género 2018, llevado a cabo por el Foro Económico Mundial, de seguir con el ritmo actual, se estima que la brecha global de género tardará más de 200 años en cerrarse.
El objetivo es alto y puede verse como utópico, pero la urgencia de la situación requiere un esfuerzo sin precedentes de todos los actores para luchar contra las desigualdades
Por tanto, a pesar de los significativos progresos en materia de género de los últimos años, la sociedad se enfrenta a importantes desafíos para alcanzar la igualdad real y efectiva. En este sentido el Pacto Mundial de Naciones Unidas va a desplegar este año una iniciativa internacional muy ambiciosa destinada a incidir positivamente sobre la meta 5.5. («asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública»). Target Gender Equality es un programa acelerador de la igualdad de género centrado en apoyar a las en el establecimiento y el cumplimiento de objetivos empresariales ambiciosos para aumentar la representación y el liderazgo de las mujeres en las empresas.
Otra cuestión fundamental para el sector privado es la adopción de planes de conciliación familiar adaptados a las necesidades del nuevo mercado de trabajo. Este tipo de políticas, a su vez, no sólo ayudarán en la lucha a favor de la igualdad de género, sino también a garantizar la salud y productividad de los trabajadores. Por ello, se entienden como acciones destinadas al cumplimento de las metas del ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, en particular la 8.5: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
En este aspecto, es cierto que cada vez más empresas están asumiendo su responsabilidad con sus empleados e implementando mejoras en lo que se refiere a estos protocolos, pero aún hay un gran margen de mejora. Según el estudio anual que realiza la Red Española del Pacto Mundial, tan sólo un 34% de las empresas adheridas a la iniciativa dispone de medidas de conciliación laboral. Si bien este porcentaje es mayor cuando hablamos de las grandes empresas en las que se alza hasta el 40% y de las empresas pertenecientes al IBEX35, donde asciende hasta el 49%.
Todo muestra que nos queda mucho por avanzar y para ello todos los actores deben estar decididos a tomar las medidas audaces y transformadoras que se necesitan para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la igualdad. Y es que, para hacer frente a los desafíos que se plantean, es necesario también el trazado de los marcos legales adecuados que den el impulso y respaldo que demanda la transición hacia unos modelos de negocio más sostenibles e integradores.
Es, en definitiva, tiempo de trabajar en alianza para hacer del mundo que queremos una realidad en la que todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, tengan los mismos derechos y oportunidades.