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Las medidas laborales aprobadas para paliar la crisis del Covid-19 generan incertidumbre en los colectivos empresariales y sociales

  • 30-3-2020 | Irene Ruiz De Valbuena
  • Este fin de semana el Gobierno ha aprobado dos reales decretos-ley con importantes consecuencias en el ámbito laboral y empresarial con el objetivo de paliar los efectos derivados del COVID-19.
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El Gobierno ha aprobado este fin de semana distintas medidas para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid-19. Entre ellas están la prohibición de los despidos por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; el control de los ERTEs o la interrupción del cómputo en los contratos temporales; así como la regulación de un permiso “retribuido recuperable” para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

La reacción de distintos colectivos empresariales y sociales ante estas disposiciones no se ha hecho esperar. Y es que como señala Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno este fin de semana tienen dos lecturas: “la valoración positiva que se extrapola de estas medidas es la voluntad de minimizar el riesgo de contacto para anticipar la desaceleración de nuevos contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. La lectura negativa viene por la inseguridad que genera una normativa en continuo cambio y sin percepción de que corresponda a una estrategia clara”.

Prohibidos los despidos objetivos

El Real Decreto-ley 9/2020 publicado el viernes impide que se lleven a cabo despidos objetivos, es decir, aquéllos justificados por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de la crisis provocada por el Covid-19. De este modo, los despidos que se produzcan mientras dure el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo y que, por ahora, está establecido hasta el próximo 11 de abril, serán improcedentes, lo que implica una indemnización mayor para el trabajador cesado, de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, en vez de la correspondiente al despido objetivo que es de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) ha considerado que esta decisión del Gobierno llevará a un mayor nivel de desempleo y dificultará la salida de la crisis. “Esta medida atenta con la libertad de empresa recogida en nuestra Constitución, y provocará una multiplicación del desempleo en nuestro sector, ya que llevará a la desaparición de miles de empresas de transporte de viajeros por carretera que no podrán aguantar la situación de crisis actual y terminarán en la quiebra técnica” han declarado.

Revisión de oficio de los ERTEs

Otro de los puntos más controvertidos de este Real Decreto-ley 9/2020 es el regulado en su artículo 3, que pretende agilizar la tramitación y el abono de prestaciones por desempleo. El reconocimiento de la prestación se iniciará mediante una solicitud colectiva de la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en la que se deberá incluir determinada información individualizada por cada uno de los centros de trabajo como, por ejemplo, una declaración del responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de las personas trabajadoras para su presentación. Para la presentación de esta comunicación, el Real Decreto-ley otorga un plazo de 5 días, lo cual, para Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, obvia que la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas no realizan estos trámites de forma directa si no a través de gestores. “¿Se ha considerado que son los intermediarios los que están tramitando la avalancha de ERTES que se están presentando, además de los ceses de actividad y la solicitud de ayudas a los autónomos, las declaraciones de impuestos a los que están obligados tanto los ciudadanos, como los autónomos y las pymes?”, ha cuestionado.

El presidente de los gestores también considera que no se ha tenido en cuenta que la gestión de los ERTES y otros tipos de gestión requiere el movimiento de personas y de documentos que, actualmente, supondría una infracción grave de lo dispuesto en el Real Decreto que regula el estado de alarma. A estas dudas e inseguridades, declaran desde el colectivo, “se suma la advertencia de que se revisarán de oficio todos los expedientes con posterioridad, poniendo en cuestión como principio fundamental la falta de responsabilidad de los empresarios que se acojan a los ERTES”. Por todo ello, los gestores administrativos solicitan la constitución de una mesa que permita resolver la incertidumbre que les generan las medidas que se están adoptando.

Paralización de la actividad económica

Al filo de la medianoche del domingo 29 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. La medida, que se toma en el contexto del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 para hacer frente a la crisis del COVID-19, tiene por objeto reducir la movilidad de la población y limitar así el riesgo de contagios y la acumulación de pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

La norma contiene sin embargo una moratoria para los casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad. En ellos los trabajadores podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Distintas asociaciones empresariales han manifestado su desconcierto respecto a esta paralización de la actividad no esencial. Entre ellos, la patronal estatal del metal, CONFEMETAL que ha expresado su rechazo a una medida que, consideran, “provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar, y que también, lejos de favorecer la lucha contra la crisis sanitaria la complicará, dificultando y haciendo más difícil y menos efectivo el trabajo en las actividades directamente implicadas en primera línea contra la pandemia del COVID-19 y aquellas que les dan soporte inmediato”.

Por su parte, el Consejo General de Economistas ha mostrado su satisfacción por la inclusión como actividad esencial en el Real Decreto-ley 10/2020, aquella que realizan “las personas trabajadoras que presten servicios en asesorías, despachos profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales y, en general, aquellas dedicadas a la actividad de asesoramiento legal, fiscal, empresarial y sociolaboral”. Según el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, “no podía ser de otra forma, ya que las obligaciones fiscales y laborales de la mayoría de empresas y autónomos de nuestro país se gestionan a través de los despachos profesionales de los economistas”.

Problemáticas no contempladas

Desde Plena inclusión España, organización que representa a 935 asociaciones que defiende los derechos de personas con discapacidad intelectual y a sus familias; y AEDIS, patronal de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de atención a personas con discapacidad, reclaman al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que apruebe un bloque de medidas concretas, extraordinarias y urgentes para el ámbito laboral de las entidades que prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual, incluidos los Centros Especiales de Empleo (CEE) de Iniciativa Social. Según han señalado echan de menos una respuesta a la problemática específica del sector ante la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma. “Apoyamos las medidas que el Gobierno está adoptando con carácter general y asumimos, desde un ejercicio de corresponsabilidad, que debemos realizar un esfuerzo ante las graves consecuencias económicas y sociales que van a acontecer”, explica Santiago López, presidente de Plena inclusión. “Pero creemos que esto no es suficiente y nuestra situación puede ser aún más dramática si no se articula un verdadero plan de choque que tenga como objetivo principal el mantenimiento del empleo de este colectivo y la supervivencia del tejido social y empresarial que sustenta esta ocupación”, completa Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.

Asimismo, el director del Adecco Group Institute opina que se han dejado fuera de estas normas medidas que favorezcan la demanda, las cuales califica de necesarias para superar esta crisis: “En España no se han hecho los deberes en materia de deuda pública y si no hay actividad, o se hipoteca la actividad a la vuelta de esta pandemia, la recesión será muy dura. En Italia la paralización ya está generando problemas de abastecimiento y la crisis social está en el horizonte. Hay que ayudar a los empleadores a que puedan mantener su actividad y a que tengan acceso a los suministros de equipos de protección. Eximir de impuestos y cotizaciones a quien no tenga actividad. Y si se detectan incumplimientos en materia de Salud Laboral, nuestra normativa de Prevención ya es veterana para exigir paralizaciones de actividad y sanciones. Pero en momentos donde se necesita unidad de acción, no podemos atacar al tejido empresarial, que es quien soporta en gran medida nuestro estado del bienestar”.