Álvaro del Álamo, Ferran Alberdi, Lorena Andreu, Teresa Azofra, Víctor Balbás, Purificación Baldoví, Sergio Benítez, José Ángel Bernal, Manuel Blanco, Montse Carpio, Fermín Cerezo, Borja Colón, María Dapena, Carlos Hernández, Nono Hernández, José Antonio Latorre, Roberto Magro, Rodrigo Martín, Francesc Martínez, Fernando Monar, Ascen Moro, Francisca Nuño, Esther Pérez, Nico Pérez, Fernando del Prado, Lucia Quiroga, Manuel Serrano, María José Suasi y Carlos Suso, son miembros de la Asociación Dirección Pública Profesional, de España.
La Asociación Dirección Pública Profesional (ADPP) ha contribuido en el proceso de Consulta Pública previa a la elaboración del texto del anteproyecto de Ley de Función Pública - organizado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública -, mediante un documento enfocado a uno de los elementos nucleares de esta norma: la regulación de la Dirección Pública Profesional (DPP). Es un documento de propuestas elaborado de manera colaborativa desde los diferentes trabajos de la ADPP, incluidas las conclusiones del 1er Congreso Global on line de Dirección PúblicaProfesional – organizado junto al IAAP y el ITCIP -, y un informe interno sobre factores de la ecología de la DPP.
De forma muy sintética las propuestas que se defienden están en relación, entre otras, con las siguientes ideas:
1 . Que se establezca un proceso de selección de personas directivas, con publicidad y concurrencia, de acuerdo con los principios del artículo 13 el BEP – recordemos, ¡publicado hace 13 años! -, de un modo abierto - lo menos posible cerrada a cuerpos, Administraciones, etc. - hacia la búsqueda de las mejores personas y del talento, definiendo una autoridad distinta del órgano de designación para acreditar el mérito y capacidad de las personas candidatas.
2. Que se fijen los objetivos que la persona directiva pública profesional debe cumplir durante su mandato y se registren, mediante un acuerdo de gestión, de forma independiente, junto con sus planes estratégicos y de acción, con la previsión de indicadores para la evaluación de su desempeño.
3. Que se considere la integridad como una palanca clave de vinculación, mediante la inclusión de un exigente código de conducta y mecanismos de seguimiento.
4. Que se diferencie el periodo de mandato de la persona directiva, del ciclo político
5. Que se fijen las causas de renovación del periodo, o del cese, distintas de la confianza, personal o política, básicamente, tras la evaluación de sus capacidades directivas y su desempeño.
6. Vinculación de las retribuciones variables al cumplimiento de objetivos.
Se pretende con ello ofrecer una contundente respuesta al clientelismo partidista y/o corporativo y aumentar la profesionalización, en relación con la cobertura de los, hasta ahora, denominados “altos cargos”, para los que se pretende requerir perfiles de DPP. La ADPP defiende que con ello se mejorarán los resultados de gestión, las políticas de transformación, de integridad, de innovación, la planificación y la evaluación y la rendición de cuentas y se reducirán las ineficiencias y la cultura del “spoil system”, en todos los niveles. Esta posición la comparte con la inmensa mayoría de las personas académicas y expertas y las personas autoras de diferentes países que vienen estudiando el desempeño de la dirección pública.
Como sabemos, la implementación de la DPP como la rótula que pone en marcha las relaciones entre política y Administración tiene un largo recorrido en los países de tradición anglosajona - RU, EE. UU., Australia…- y en los del centro y norte de Europa, pero también se está desarrollando en otros, como Portugal, Perú o Chile, por sus efectos positivos en la eficiencia y la integridad de los Gobiernos y las Administraciones Públicas. El ejemplo de compromiso de los organismos internacionales, o que trabajan en redes internacionales, es evidente.
Nuestro país está preparado para esa implementación, ya que los avances en cuanto a formación y evaluación de competencias directivas, para personas empleadas públicas, han sido espectaculares en los últimos años, según se desprende de los trabajos de las escuelas de personas empleadas públicas, como el INAP, la EAPC, el IAAP, la EBAP… o universidades como la de UVIGO.
Creemos que los sindicatos y las asociaciones profesionales del sector público más innovadoras, defendiendo estas posiciones, pueden contribuir decisivamente a la mejora del clima laboral y a la recuperación de los mejores valores del servicio público.
Esperamos de la nueva norma, por otro lado, que aborde también algunos de los otros retos pendientes desde hace demasiado tiempo, como el proceso de selección del personal en el sector público – sería muy novedoso que implantásemos en nuestro país el sistema de la Oficina Europea de Selección de Personas (EPSO), que trabaja para las instituciones europeas desde hace más de una década, o los de otros organismos internacionales -, la implantación general de la cultura de la evaluación y la vinculación de todas las cantidades variables a ella, y el impulso permanente de las políticas de transformación que, como algo que va mucho más allá de sus estrictas fronteras, debería contar, para momentos puntuales pero también de manera estable, con un consejo de personas expertas y de académicos que aportaran una mirada sostenida, retadora e innovadora.
Estamos convencidos de que la reconstrucción que necesita nuestro sector público tras la pandemia del COVID 19 no puede fijarse como objetivo volver al punto en el que nos encontrábamos hace unas semanas, ni siquiera, además, resolver los graves déficits que teníamos en tantos terrenos, pero especialmente en los ámbitos sanitarios y en el de cuidado de las personas mayores, descubiertos recientemente, y en la lucha contra el fraude fiscal para fortalecer las finanzas públicas, bien conocido con anterioridad, etc. Y de que incluir actitudes fuertemente innovadoras para dar ese salto sustancial que nos sitúe en la vanguardia de la recuperación y como catalizadores de una nueva y mejor normalidad, necesita más gobernanza y situar a las personas mejores al frente del desarrollo de las políticas y los servicios públicos.