Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar hasta cuatro de los cinco días de la semana, siempre que se encuentren dentro de uno de estos tres supuestos:
- • Que tengan hijos menores de 14 años,
- • Que estén al cuidado de personas dependientes o con discapacidad,
- • O que tengan alguna patología de las consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.
El acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos permitirá a la plantilla de la Administración General del Estado organizarse para trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial desde sus domicilios. Se trata de una opción voluntaria y reversible, es decir, que el trabajador podrá acogerse a la modalidad no presencial hasta un máximo de cuatro días a la semana, aunque pueden ser menos si así lo acuerda, y podrá volver a la modalidad de trabajo presencial si lo desea o si las "necesidades del servicio" lo requieren.
Para resto de los empleados públicos de la AGE, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de teletrabajar un día a la semana, en las misma condiciones que en el caso anterior, es decir, de forma voluntaria y reversible.
La resolución que entrará en vigor con la "nueva normalidad" cuando finalice el estado de alarma, a partir del próximo 22 de junio y durará hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el COVID, ha sido calificada por el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como un acuerdo pionero en la organización del trabajo en España, y en particular, en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. Asimismo, desde CSIF anuncian que dicha resolución tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
En cuanto al desarrollo de los servicios de atención al público en la AGE, CSIF ha explicado que se priorizará la atención telefónica y telemática y que para el caso de atención presencial será precisa la cita previa y se limitará el aforo. También se prevé flexibilidad horaria para escalonar la entrada al centro, lo que requerirá la conformidad de la persona trabajadora. Del mismo modo, no se incorporarán al trabajo presencial las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19. De hecho, si alguna persona presentara síntomas se contactará con los servicios sanitarios de la comunidad autónoma.
Por su carácter pionero, desde CSIF esperan que esta resolución sea también referente, tanto para el resto de las administraciones públicas, como para la regulación que también se va a negociar en el sector privado.