Azucena García Calvo
Directora de Desarrollo Corporativo Fundación Bequal
El 14 de marzo, España se paralizó por la crisis del COVID-19 haciendo que todo se tambaleara súbitamente sin que nadie pudiera imaginar un cambio tan drástico y repentino en nuestras vidas. Dos meses de «miedo» donde nuestra cotidianidad saltó por los aires, desapareció nuestro estado de bienestar y se instaló una incertidumbre, una nueva «vida» a la que nos íbamos adaptando día a día… Un escenario que, en realidad, no es tan desconocido para las personas con discapacidad.
Esta incertidumbre ha generado inseguridad y por tanto indecisión, sobre todo a la hora de abordar los retos que mantenemos en la Fundación Bequal, donde nuestra visión y misión es la inclusión de las personas con discapacidad a través de la inserción laboral. En esta «nueva normalidad» hacia la que caminamos, nuestro entorno se muestra dubitativo a la hora de alinearse con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad para afrontar la incorporación al mercado laboral de éstas.
Las prioridades se han modificado, al menos a corto plazo, los avances se han paralizado y hemos puesto las «luces cortas», la niebla no nos permite avanzar y menos a la velocidad que todos desearíamos. Sin embargo, el reto y nuestros objetivos, siguen siendo el eje de nuestra misión: la lucha por la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
Durante las últimas décadas hemos avanzado mucho, quizás el punto de partida era tan desigual que no hemos apreciado lo suficiente el grado de avance obtenido, lo que no quiere decir que la brecha existente haya dejado de ser significativa.
Lo hemos vuelto a observar en los últimos datos facilitados el pasado 29 de abril por ODISMET (Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo) donde nos anunciaban una tasa de actividad del 34,5% para la personas con discapacidad, frente al 77,6% general, con unas cifras de paro superiores en 10 puntos porcentuales respecto a la tasa de paro de la población en general, además de una diferencia en la tasa de empleo inferior al 40%, y, sobre todo, con salarios más bajos y con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social importante, incluso para las personas que tienen empleo.
Esta situación provocada por la pandemia COVID19 ha hecho que los datos empeoren, como no podía ser de otra forma. Para lo bueno y para lo malo, estamos interconectados y por consiguiente debemos ser solidarios y generar alianzas público-privadas que supongan oportunidades para la reconstrucción, para una «nueva normalidad» que preste especial cuidado hacia los más vulnerables, aunque sea por puro egoísmo.
Muchas voces se alzan para que el camino que estamos iniciando hacia esa «nueva normalidad» no sea únicamente un retorno a la «normalidad» que se vivía antes de esta pandemia. Muchas entidades del tercer sector de la discapacidad están anticipándose a la situación y realizando un llamamiento a las administraciones públicas alertando de que la posible crisis económica que venga incidirá más en los colectivos más vulnerables como suele ocurrir en la «normalidad», a no ser que se tomen medidas.
Si hablamos de algunas de ellas nos referimos a medidas que promuevan la igualdad, como por ejemplo las políticas de teletrabajo, que deben garantizar que los empleados con discapacidad dispongan de los ajustes adecuados, o de una comunicaciónaccesible e inclusiva. Hablaríamos también de una protección social adecuada, ya que ahora más que nunca requieren un diseño que promueva la entrada, permanencia y progreso de las personas con discapacidad en el mercado laboral, garantizando los derechos laborales ahora y siempre. Y hablaríamos de cambiar la narrativa, siendo imprescindible la inclusión de las personas con discapacidad como cocreadores de las respuestas al COVID-19 como defensores y usuarios y no como víctimas.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad no puede pasarse, no va a pararse en ningún punto del camino hacia la «nueva normalidad».