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Fin al contrato de obra y servicio vinculado a las contratas

Reyes, Javier

Capital Humano, Nº 361, Sección Relaciones laborales y prevención / Tribuna, Febrero 2021, Wolters Kluwer

Portada

Javier Reyes Robayo

Abogado laboralista de CECA MAGÁN ABOGADOS

El Tribunal Supremo se ha pronunciado a final de 2020 y ha dictado una importantísima Sentencia que viene a ofrecer un cambio de doctrina respecto de la posibilidad de suscribir contratos de obras y servicios, vinculado a la contratación con terceros; y que por consiguiente afecta a un gran número de empresas que prestan servicios, proyectos u obras a terceros como estamos viendo estos días.

Se trata de la Sentencia núm. 1137/2020, de 29 de diciembre [RCUD 240/2018 (LA LEY. 6805714/2020)], que ha determinado que la formalización de contratos de duración determinada, por obra y servicio, vinculados al período de duración de la contrata no es ajustado a derecho, por no cumplir con los requisitos y presupuestos establecidos por el ordenamiento jurídico español y comunitario.

El dictado de esta Sentencia adquiere relevancia por cuanto el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia núm. 787/2018, de 19 de julio (LA LEY. 6210349/2018), con cita también de la Sentencia de 11 de abril de 2018 tenía consolidada la doctrina que expondremos a continuación sobre el particular.

En primer término, es incuestionable que los requisitos para la validez del contrato para obra o servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores son los siguientes:

  • a) Que, la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa;
  • b) Que, su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;
  • c) Que, se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto;
  • d) Que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Estos son los requisitos que, partiendo del amparo legal, la jurisprudencia y la doctrina judicial ha venido acogiendo para respaldar la celebración de estos contratos de obra o servicio hasta ahora.

Así, se venía admitiendo por la jurisprudencia citada que los contratos para obra o servicio tuvieran su objeto en la realización de actividades subcontratadas con terceros por tiempo determinado, de forma que el contrato se pudiera prolongar en el tiempo mientras permaneciera vigente la contrata.

En este sentido, en el pronunciamiento de 19 de julio de 2018, el Tribunal Supremo recordaba que la Sala había mantenido que «el contrato para obra o servicio determinado se caracteriza —entre otras notas— porque la actividad a realizar por la empresa responde a necesidades autónomas y no permanentes de la producción; sin embargo en el marco de las contratas y de empresas auxiliares, rectificando inicial criterio restrictivo la vigente doctrina unificada admite la celebración de contrato para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo, pero siempre que no medie fraude interpositorio>> como recogen múltiples sentencias.

Si bien se reconocía por nuestro Alto Tribunal que, en tales casos: no existía un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin; y, tampoco existía un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, existía en definitiva una necesidad de trabajo para la empresa que, realmente, se conocía que se encontraba limitada en el tiempo.

De forma que, hasta el dictado de la reciente Sentencia de 29 de diciembre de 2020, el contrato para obra o servicio, podía vincularse en cuanto a su duración a la extensión de la contratación con un tercero, de modo que el mismo se prolongara durante 5, 10 o 15 años. En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2018, que hemos citado anteriormente, conoció sobre la validez de un contrato para obra o servicio que discurre entre los años 2002 y 2014, otorgándole eficacia pero señalando que correspondería a la empleadora la carga de probar que la contratación efectivamente obedecía a una situación puramente coyuntural y transitoria, derivada de la ejecución de un especifico proyecto de investigación que pudiere calificarse como obra determinada a los efectos de avalar la eficacia jurídica del contrato temporal.

Pues bien, la Sentencia de 29 de diciembre de 2020, dictada por el Tribunal Supremo en Pleno, reconsidera la doctrina existente hasta la fecha y manifiesta que «no sólo debe rechazarse que estemos ante una relación laboral de carácter temporal en base a la desnaturalización de la causa que la justifica; sino que, debemos plantearnos la propia licitud de acudir a este tipo de contrato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos contratos en cada caso».

El Tribunal Supremo, realizando un repaso nuevamente por la definición del contrato para obra o servicio del artículo 15.1 a) ET, determina que en aquellas actividades que descansen esencialmente en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales, «no es posible seguir aceptando ni la autonomía ni la sustantividad porque el objeto de la contrata es, precisamente, la actividad ordinaria, regular y básica de la empresa».

Del nuevo criterio seguido por el Tribunal Supremo, no debemos entender que el contrato para obra o servicio quede vacío de contenido, sino que quedará para aquellas actividades en las que la obra o servicio pueda definirse y delimitarse claramente respecto del volumen ordinario o habitual, surgiendo así como un «elemento destacado y no permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa».

Pone el acento así nuestro Alto Tribunal en el riesgo que entraña este tipo de contratación al servicio de la contrata para el cumplimiento de los objetivos comunitarios, plasmados en la Directiva 99/70, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, en cuya cláusula primera señala que su objetivo es la mejora de la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación y el establecimiento de un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

La indefinidad del vínculo que es el objetivo de las directrices comunitarias en el ámbito de las relaciones laborales, señala el Tribunal Supremo, pugna frontalmente con la habilitación del recurso a este tipo de contratación que para muchas empresas supone el núcleo esencial de su actividad.

Sin desconocer así la problemática de muchas empresas que cuentan con un elevado nivel de volatilidad de sus cargas productivas, para las que recuerda la existencia de mecanismos de flexibilidad como son los contratos a tiempo parcial, el contrato fijo discontinuo o las distintas formas de distribución de la jornada, el Tribunal Supremo declara no ajustado a derecho el recurso a un contrato para obra o servicio en actividades «que nunca podrían haber sido objeto de contrato temporal por carecer de autonomía y sustantividad propia».

Sin ninguna duda, se trata de un pronunciamiento muy relevante con el que termina un arduo y sofocante año 2020, que tendrá importantes efectos a lo largo del presente año 2021, y que tendremos que ver cómo se aplica por parte tanto de juzgados menores como de las autoridades administrativas; mientras tanto, urge la realización de un exhaustivo análisis de los modelos de contratación existentes en aquellas empresas dedicadas, principalmente, a la ejecución de proyectos y obras para terceros.

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